El Gobierno español ha anunciado un límite al aumento anual de las tarifas aeroportuarias, fijándolo en un 0,33% desde 2027 hasta 2031. Esto es significativamente menor que el aumento del 3,82% propuesto por Aena, la empresa que gestiona los aeropuertos. Esta decisión ha sido bien recibida por las aerolíneas y la industria turística, particularmente en áreas que dependen en gran medida del transporte aéreo.
El Consejo de Ministros ha aprobado el tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que guiará los próximos cinco años. La tarifa promedio se incrementará en un 1,65% durante este período, con los primeros aumentos comenzando en marzo de 2027. Esto mantiene las tarifas casi estables respecto a la tasa actual de 11,02 euros por pasajero.
La propuesta de Aena se basó en un crecimiento anticipado del tráfico del 1,3%, pero las aerolíneas argumentaron que esto subestimaba el crecimiento de pasajeros y sobreestimaba los costos operativos. Los aeropuertos en las Islas Canarias, esenciales para la movilidad local y el turismo, estaban particularmente en contra del aumento propuesto. El gobierno regional había solicitado un congelamiento de tarifas para evitar cargas financieras adicionales en estas infraestructuras críticas.
La decisión del gobierno central está más alineada con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que sugirió una disminución anual del 0,59% tras revisar las proyecciones de crecimiento del tráfico y reducir las estimaciones de costos operativos.
Aunque la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) aprecia la decisión del gobierno de limitar el aumento de tarifas, lamenta que no se haya implementado una reducción de tarifas. Ryanair, un participante vocal en las discusiones, también apoya la decisión pero la ve como una oportunidad perdida para mejorar el tráfico, el turismo y el empleo a través de tarifas más bajas.
En las Islas Canarias, la discusión va más allá de las tarifas. El gobierno regional continúa abogando por un papel en la gestión de los aeropuertos de las islas, con el objetivo de implementar plenamente el estatuto de autonomía.
