La ley española ofrece beneficios fiscales por donaciones de excedentes alimentarios

La reciente legislación de España contra el desperdicio de alimentos, vigente desde abril, permite a las empresas reclamar una reducción del 40% en los impuestos corporativos si donan sus excedentes a entidades sociales. Este incentivo está dirigido a supermercados de más de 1.300 metros cuadrados y empresas con ingresos anuales superiores a 2 millones de euros. Sin embargo, la implementación de la ley varía según las regiones, con algunas áreas como Cataluña aún adaptando regulaciones locales para alinearse con el marco nacional.

A pesar del potencial de la ley, los desafíos logísticos y la dependencia de voluntarios dificultan su implementación completa. Roger Monerris de la Fundació Banc dels Aliments destaca la necesidad de una mejor infraestructura para apoyar la iniciativa. La ley busca alentar a los grandes minoristas y restaurantes, que ya han comenzado a adaptarse, pero las pequeñas empresas enfrentan dificultades sin apoyo institucional adicional.

Las ventajas fiscales aumentan al 50% a partir del tercer año, siempre que el volumen de alimentos donados se mantenga estable o crezca. Esto podría ser particularmente beneficioso para las empresas en las Islas Canarias, donde los sectores de turismo y hostelería juegan un papel significativo. Fomentar las donaciones de alimentos no solo ayuda en los esfuerzos de sostenibilidad, sino que también mejora los lazos comunitarios, con ciudades como Pamplona ya organizando servicios de recolección.

A medida que la ley madura, la colaboración entre las administraciones públicas y las empresas privadas será crucial. Para las Islas Canarias, fomentar estas asociaciones puede aumentar el atractivo de la región para los inversores y compradores conscientes del medio ambiente, al tiempo que se abordan los problemas de desperdicio de alimentos. Los observadores deben estar atentos a cómo las autoridades locales y las empresas se adaptan para maximizar estos beneficios.